Santo Domingo. Luego de la decisión de los diputados de eliminar las candidaturas independientes del régimen electoral dominicano, el Congreso se dispone ahora a concentrar sus energías en dos reformas que forman parte del paquete impulsado por el presidente Luis Abinader: la laboral y la policial. La señal política es clara: cerrada una batalla controversial, el Legislativo entra en una nueva fase de discusiones sobre temas sensibles para el Gobierno, el empresariado y los trabajadores.
Según la información publicada este 27 de marzo, la reforma laboral aparece como la más prioritaria. La pieza busca modificar varios artículos del Código de Trabajo de 1992, pero lleva más de un año atrapada entre debates, observaciones y retrasos en ambas cámaras. La comisión que estudia el proyecto prevé rendir su informe después de Semana Santa, momento en que la propuesta volvería al pleno de la Cámara de Diputados para decidir si avanza o se frena.
El Congreso, sin embargo, no dispone de tiempo ilimitado. Los legisladores tienen apenas cuatro meses, hasta julio de este año, para aprobar totalmente la reforma; de lo contrario, la iniciativa perimiría por exceder los límites constitucionales. Entre los puntos más conflictivos que todavía generan discusión figuran las licencias laborales y las consecuencias para empleadores que se retrasen en el pago de la cesantía, asuntos que tocan directamente nervios económicos y políticos.
Más allá del tecnicismo legislativo, lo ocurrido deja una lectura política de fondo: tras el fuerte debate por las candidaturas independientes, el Congreso entra a un terreno donde se medirá la capacidad real del oficialismo para traducir su agenda de reformas en leyes concretas. El Gobierno necesita resultados; la oposición, argumentos; y la sociedad, definiciones. Esa combinación convierte el tramo legislativo de las próximas semanas en uno de los frentes más delicados del panorama nacional.
