Sectores de la comunicación advierten sobre disposiciones que consideran una “ley mordaza”, mientras Mario Lama cuestiona la penalización de las faltas médicas y empresarios reclaman mayor tiempo de adaptación a la nueva normativa.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, en medio de cuestionamientos provenientes de sectores de la comunicación, representantes del área de la salud y organizaciones empresariales, que reclaman la revisión de varios artículos antes de su entrada en vigor.
La pieza fue promulgada el 3 de agosto de 2025 y sustituirá la legislación penal vigente desde 1884. El Gobierno ha defendido la normativa señalando que moderniza el sistema de justicia, incorpora nuevas infracciones y fortalece las herramientas disponibles para enfrentar la criminalidad organizada y proteger a las víctimas.
Sin embargo, periodistas, comunicadores y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión han advertido que algunos artículos podrían convertirse en una especie de “ley mordaza”, debido a las sanciones penales contempladas para expresiones consideradas ofensivas, difamatorias o de ultraje contra funcionarios públicos.
Los sectores críticos entienden que la redacción de determinadas disposiciones podría provocar autocensura y utilizarse para perseguir penalmente opiniones, denuncias o investigaciones periodísticas relacionadas con actuaciones de funcionarios e instituciones públicas.
Uno de los puntos señalados es el tratamiento penal del denominado ultraje, cuya aplicación podría implicar prisión y multas cuando determinadas expresiones sean consideradas ofensivas contra servidores públicos. Los cuestionamientos se concentran especialmente en la amplitud de algunos conceptos y en el riesgo de que puedan interpretarse de forma discrecional.
Mario Lama reclama que las faltas médicas sean conocidas en la jurisdicción civil
A las críticas se sumó el exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien sostuvo que las faltas cometidas durante el ejercicio profesional de la medicina deberían ser conocidas principalmente en la jurisdicción civil y no en la penal.
Lama manifestó preocupación por las consecuencias que la judicialización penal de los procedimientos médicos podría provocar sobre los profesionales de la salud, especialmente en casos donde no exista intención de causar daño.
El exfuncionario favoreció que las posibles negligencias, errores o faltas médicas sean evaluadas mediante mecanismos civiles que permitan establecer responsabilidades e indemnizaciones, evitando que el médico sea tratado como un delincuente por resultados adversos propios de una actividad que implica riesgos.
La posición ha generado un nuevo debate sobre la necesidad de proteger los derechos de los pacientes sin criminalizar automáticamente las decisiones tomadas por médicos y especialistas durante procedimientos de alta complejidad.
Empresarios solicitan más tiempo para la entrada en vigor
Representantes del sector empresarial también han solicitado ampliar el plazo para la entrada en vigencia del Código Penal, argumentando que las empresas y demás instituciones necesitan más tiempo para adaptar sus procedimientos internos y conocer el alcance de las nuevas responsabilidades penales establecidas para las personas jurídicas.
La petición empresarial no busca aplazar una promulgación que ya ocurrió, sino extender el período previo a la aplicación efectiva de la ley y modificar decenas de artículos que, según sus representantes, podrían afectar actividades económicas reguladas mediante normas técnicas especializadas.
Entre las principales preocupaciones figura la responsabilidad penal de empresas, fundaciones y otras organizaciones por infracciones cometidas en su beneficio o derivadas de deficiencias en sus mecanismos de supervisión y control.
Aunque el Poder Ejecutivo presentó la promulgación como un avance histórico después de décadas de discusiones, las críticas demuestran que el debate sobre el nuevo Código Penal continúa abierto.
Sectores de la comunicación, profesionales de la medicina y representantes empresariales coinciden en que la legislación necesita modificaciones antes de comenzar a aplicarse plenamente, con el objetivo de evitar afectaciones a la libertad de expresión, la criminalización excesiva del ejercicio médico y consecuencias jurídicas imprevistas para las empresas.
Con la promulgación de la normativa y de las modificaciones introducidas, el nuevo Código Penal queda formalmente establecido. No obstante, las críticas de sectores de la comunicación, profesionales de la salud y representantes empresariales mantienen abierto el debate público sobre los efectos que podrían tener algunas de sus disposiciones durante su aplicación.
