La compañía afirmó que acudió a la justicia tras una supuesta campaña de descrédito, difamación y ataques a su reputación, mientras defendió la calidad de sus combustibles y la trayectoria de más de 30 años de operación en el país.

Santo Domingo. La empresa PETROMOVIL aseguró este lunes que las acciones legales emprendidas contra Jefte Ventura no obedecen a simples opiniones emitidas en redes sociales, sino a lo que definió como una campaña sistemática de descrédito contra la compañía y sus ejecutivos, incluyendo acusaciones “sin pruebas” de supuestas actividades ilícitas y cuestionamientos a la calidad de sus combustibles.

A través de un comunicado oficial, la empresa sostuvo que decidió fijar posición públicamente debido a que, según explicó, en torno al caso se ha difundido una versión “errática, abusiva y alejada de la verdad”, por lo que consideró necesario presentar su versión de los hechos.

PETROMOVIL indicó que, ante la persistencia de las acusaciones, provocaciones y señalamientos contra su personal y sus ejecutivos, optó por recurrir a los mecanismos legales contemplados en la legislación dominicana para proteger su honra, reputación y actividad comercial.

En relación con los cuestionamientos sobre la calidad del combustible, la empresa afirmó que Jefte Ventura habría manipulado de manera maliciosa certificados de inspección emitidos por AIVIPET S.R.L., entidad que, según explicó, está autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio para la toma de muestras de combustibles a nivel nacional.

La compañía precisó que dichos estudios técnicos evalúan las distintas marcas del mercado conforme a los parámetros establecidos en la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, y recordó además que en República Dominicana ninguna marca refina combustible de manera independiente, debido a que el suministro nacional proviene, según dijo, en un 70 % de importaciones gestionadas por el Estado y en un 30 % de la Refinería Dominicana de Petróleo.

PETROMOVIL también denunció que Ventura habría visitado varias de sus estaciones de servicio para grabar contenidos audiovisuales en los que, siempre de acuerdo con la empresa, afirmaba sin evidencias la supuesta comercialización de combustible alterado e incluso exhortaba a consumidores a no adquirir productos de la marca.

La empresa aseguró que esta situación no solo afecta a sus ejecutivos, sino también a sus trabajadores, señalando que cuenta con más de 500 empleos directos y más de 2,000 indirectos.

Asimismo, manifestó que existen evidencias públicas en las que el propio Ventura habría reconocido, tanto ante un juez como en redes sociales, haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo. PETROMOVIL sostuvo que ese elemento plantea serias interrogantes sobre el propósito real de sus actuaciones.

En su rueda de prensa, la compañía recordó que el ordenamiento jurídico dominicano contempla sanciones frente a conductas de difamación, chantaje, extorsión y afectación de la reputación de personas e instituciones a través de medios digitales, citando la Constitución de la República, varios artículos del Código Penal, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

“Lo ocurrido no es un ejercicio responsable del periodismo ni de la comunicación, sino una serie de acciones orientadas a generar daño reputacional con fines particulares”, expreso el vicepresidente ejecutivo, Yuri Puello.

PETROMOVIL enfatizó que toda persona o institución tiene derecho legítimo de recurrir a los tribunales cuando entiende que ha sido afectada en lo moral, económico o reputacional, y señaló que, en este caso, el tribunal competente encontró méritos suficientes para dar curso a un proceso penal e imponer medidas de coerción contra el imputado.

Finalmente, la empresa destacó que durante más de tres décadas de operaciones en el mercado dominicano ha mantenido la calidad de sus productos y servicios, e hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad frente a informaciones que, a su juicio, podrían formar parte de campañas de desinformación y ataques infundados.

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