Por Aneudy Ramirez N
La decisión del presidente Luis Abinader de detener los trabajos vinculados al proyecto minero Romero en San Juan ha sido presentada como una muestra de sensibilidad social y compromiso ambiental. Sin embargo, la medida también abre un debate incómodo sobre la coherencia política y moral del Gobierno frente a la actividad minera en República Dominicana.
El propio entorno empresarial de la familia Abinader ha estado históricamente vinculado a la industria cementera y a la explotación de piedra caliza para la producción de cemento en Azua, a través de Cementos Santo Domingo y estructuras empresariales asociadas al grupo familiar. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué una explotación minera es presentada como incompatible con el medio ambiente y otra no?
La minería metálica y la minería no metálica tienen diferencias técnicas importantes, pero ambas generan impactos ambientales considerables. Ambas alteran ecosistemas, producen emisiones, transforman paisajes, afectan comunidades y ejercen presión sobre las fuentes hídricas.
En el caso de la explotación ligada a la industria cementera en Azua, también existen cuestionamientos ambientales que rara vez forman parte del debate público nacional. La extracción de piedra caliza implica una intervención agresiva sobre montañas y suelos, mientras que las operaciones industriales requieren grandes volúmenes de agua para procesos de enfriamiento y funcionamiento de equipos.
Las plantas cementeras utilizan sistemas de calderas y enfriamiento industrial que dependen de la extracción constante de agua del subsuelo, lo que puede generar presión sobre los acuíferos de la zona y afectar la disponibilidad hídrica de comunidades cercanas, especialmente en provincias con condiciones climáticas secas como Azua. A esto se suman las emisiones de polvo, partículas y gases asociados a la producción de cemento, una de las industrias con mayor huella ambiental y elevada emisión de CO₂ a nivel mundial.
Por eso, el discurso gubernamental parece caer en una peligrosa selectividad ambiental: condenar una actividad minera mientras se normaliza otra vinculada históricamente al poder económico y político.
El problema no es únicamente ambiental; también es ético y político. Cuando un presidente adopta decisiones tan sensibles, debe evitar cualquier percepción de doble moral o conflicto de intereses. La ciudadanía espera reglas claras para todos, no una política donde ciertas explotaciones son “aceptables” y otras son suspendidas dependiendo de la presión social o del costo político del momento.
San Juan merece protección ambiental, sí. Pero Azua también.
Si el Gobierno entiende que la explotación minera representa una amenaza para el agua, los suelos y las comunidades, entonces el debate debe ser nacional y coherente, incluyendo todas las industrias extractivas, sin excepciones ni privilegios implícitos.
De lo contrario, la decisión presidencial corre el riesgo de verse menos como una defensa genuina del medio ambiente y más como una jugada política para responder al clima de opinión pública.
La República Dominicana necesita una política minera seria, transparente y uniforme. No un ambientalismo selectivo.
Aneudy Ramírez es director de En La Red, periódico digital dominicano enfocado en política, economía y actualidad nacional.